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Con esta serie de entradas en el blog, estamos intentando arrojar luz sobre la financiación de la cultura en los municipios y territorios. En ese sentido, reiteramos, la financiación de la cultura es necesaria, pero no suficiente. A saber, no podemos entender la financiación de los proyectos y centros culturales sin tener en cuenta su gobernanza y sus relaciones con la sociedad. Podríamos, por tanto, hablar de una terna conceptual que se imbrica: FINANCIACIÓN, GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN. La financiación de la cultura desde lo público está determinada por lo que se pretenda con ello y cómo se articule el diálogo con la sociedad.

Sírvanos de ejemplo el documento de la Unión Europea Conclusiones del Consejo sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural (2014/C 463/01) en el que en su punto nº 10 se reconoce que “La gobernanza participativa del patrimonio cultural contribuye a aumentar la sensibilización acerca de los valores del patrimonio cultural como recurso compartido, reduciendo así el riesgo de uso indebido, y a aumentar los beneficios económicos y sociales.” A pesar de esto, la influencia de la gobernanza en la financiación ha cambiado ostensiblemente con el cambio de siglo. Para ilustrarlo, resulta interesante y esclarecedora la lectura del artículo La gobernanza y la gestión de las instituciones culturales nacionales: de la oposición entre arte y economía a la articulación entre política cultural y gestión (2014) del profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la UAB Joaquim Rius Ulldemolins. En él podemos ver cómo, frente a la clásica separación entre “dirección artística” y “gestión” que situaba el marco económico y de financiación de manera aislada, surge con el nuevo siglo una nueva forma de gobernanza en la que quedan imbricadas e integradas. Y, por otra parte, demanda autonomía para el cumplimiento de la misión como documento y propuesta fundamental. Así, “la crisis de legitimidad de las políticas culturales y su orientación instru­mental posterior en pro de una nueva centralidad social (Gray, 2007) han provocado que, desde el campo político, se haya replanteado la misión de las grandes instituciones culturales, que hasta entonces se planteaba como definida desde el campo artístico y que, desde la Administración pública, estas institu­ciones se hayan conceptualizado como un instrumento de la política cultural, y no como entes completamente autónomos cuyas relaciones eran solamente de financiación (Coppinger et al., 2007). En este contexto, asistimos a un giro en la gestión de las instituciones cultu­rales, cuyos directores se convierten en mánager que integran la visión artística y económica en una nueva predisposición proactiva e innovadora, orientada a la creación de valor público (Moore, 1995; Moore y Moore, 2005). Se trata de la nueva gestión pública, que defiende una mayor autonomía jurídica y financiera a cambio de una orientación a la gestión por objetivos y de una transparencia en la rendición de cuentas”

Y en el contexto (local) en el que nos situamos, la búsqueda de financiación ha de hacerse desde una nueva forma de entender la gestión cultural en entornos locales: atendiendo al territorio, a lo pequeño, a aquello que vertebra la comunidad. Con este alegato no estamos “inventando” nada, tradicionalmente lo local ha estado vinculado al territorio estrechamente, se trata precisamente de:

  • Poner énfasis en este hecho y no caer en los cantos de sirena que lo global y el tamaño nos ofrecen.
  • Por otra parte, atender a los riesgos potenciales de atomización que puedan acontecer al centrarnos en los territorios, centros culturales de proximidad, etc.

Para ello es recomendable insistir en la idea de creación y actividad cultural más allá de los propios centros culturales y de la cultura institucionalizada. La cultura como creación y (también) como industria existe, esencialmente, más allá de los centros culturales. En consecuencia, debemos exigir unas políticas culturales dirigidas sacar a la luz, defender, potenciar y garantizar esa creación, esa cultura que vive en los pequeños rincones y que desde la gestión cultural a veces no ha sido tenida en consideración frente al monopolio establecido por los centros culturales.

Por esta razón, la realidad en la que nos encontramos nos presenta una aparente ausencia de recursos para la financiación pero, aunque parezca contradictorio, una nueva hornada de ellos. Con sus luces y sus sombras, con sus riesgos (especialmente la cosificación y privatización de la cultura), pero ahí están.

Tal vez, un paso previo a la financiación de la cultura en entornos locales esté asociado a la aparente paradoja de “la mejor financiación es no necesitar financiación”. ¿Qué queremos decir con esto? En el ámbito municipal, nos encontramos con varias situaciones en las que podemos apreciar las relaciones existentes entre financiación, gestión y gobernanza:

  1. En primer lugar, el tamaño importa: Hemos asistido a situaciones, como señalábamos antes, en las que desde pequeños entornos las políticas culturales se dirigían hacia la construcción de grandes equipamientos y la realización de grandes espectáculos. Es evidente la falta de proporcionalidad que, a su vez, incide en el desequilibrio presupuestario una vez se pierden los “ingresos extraordinarios”. Así, es urgente que las políticas culturales vuelvan a lo pequeño (si alguna vez miraron ahí) por tres razones:
  • porque lo pequeño tiende a estar más alejado de la llamada “lógica de mercado
  • por el citado equilibrio presupuestario
  • y, tanto o más importante aún, porque en lo pequeño y en la cercanía se nos muestra la cultura como generadora de identidad y constructora de nuestro corpus simbólico de manera más evidente.
  1. En segundo lugar, han de evitarse las duplicidades de proyectos, centros y equipamientos que atiendan a realidades y demandas ciudadanas similares. La administración pública ni puede, ni debe tener el “monopolio” de la acción cultural. Su tarea, tiene que dirigirse a garantizar el acceso a la cultura para todos los ciudadanos. Pero no debe “competir” en términos de mercado con la iniciativa privada (que sea accesible a todos los ciudadanos, esta debe ser la frontera), ni, en modo alguno, con las iniciativas “ciudadanas” fruto de la participación. Da la sensación de que, a veces, se confunden tres ideas: lo público, lo común, la administración. Así, podemos decir con Nicolás Barbieri, del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas y profesor en la Autónoma de Barcelona y la UOC: “En este marco que planteamos, resulta caduca la idea de interés público como algo determinado por una autoridad centralizada y abstracta. En un escenario de cambio de época, los poderes locales, la sociedad civil y muchas comunidades, tienen su propia concepción de lo común y de lo público; y han conseguido gestionar bienes comunes (naturales, culturales) de manera sostenible y socialmente justa. ¿Y cuáles son entonces las políticas culturales de lo común? Todavía no las conocemos en detalle, porque todavía son incipientes. Pero cabe pensar en aquellas políticas que más han buscado transformarse y reubicarse en el interregno en el que vivimos. Pensemos, por ejemplo, en las bibliotecas, museos y centros culturales que han dejado atrás su función como repositorios de cultura y exploran iniciativas colectivas de aprendizaje compartido y de difusión abierta de conocimiento. Instituciones culturales que se construyen ellas mismas como bienes comunes.” (Cultura, políticas públicas y bienes comunes: hacia unas políticas de los cultural, 2014)

Volviendo a la financiación, este escenario nos conmina a buscar financiación fuera de los cauces hasta ahora habituales. En líneas generales, la cultura en los municipios se ha financiado con fondos públicos directamente desde el presupuesto municipal de cultura y, en ocasiones, de otras áreas (partidas relativas a infraestructuras para la construcción de equipamientos, por ejemplo). La financiación pública también se obtenía desde otras administraciones (provinciales, regionales y estatales esencialmente). Pero, aunque la mayoría de la cultura producida desde los ayuntamientos (y desde las pequeñas empresas, asociaciones, entidades…) estuviera ligada de algún modo a fondos públicos, no era ésta la única vía de financiación: La comercialización de productos culturales, los patrocinios, el trabajo de mecenazgo por parte de fundaciones, los ejercicios de responsabilidad social desde la banca (recordamos las obras sociales de las cajas y la excepcional tarea “llevando cultura” a los pequeños territorios hasta hace unos años) y otras tantas que, aunque minoritarias, estaban presentes. Es decir, cuando (en tiempos de crisis) buscamos nuevas formas de financiación de la cultura, salvo contadas excepciones, no estamos inventando nada. Tal vez podríamos decir que estamos favoreciendo y fortaleciendo algunas fuentes, especialmente las provenientes del ámbito privado.

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3 pensamientos en “El tamaño importa. Gobernanza y financiación de la cultura en los municipios. 2

  1. Vuelvo a estar de acuerdo contigo en tus tesis. Si me permites, le pongo nombre y apellidos a algunos de los “desequilibrios” y las “desproporciones” que se han visto en los últimos años en muchos ayuntamientos: palacios de congresos y exposiciones sin usos concretos, monumentos grandilocuentes fuera de sentido social e histórico, ferias y muestras que no servían para dinamizar, sino solo para justificar partidas presupuestarias…
    Muy de acuerdo, también, con respecto al valor de lo pequeño y cercano en la construcción simbólica de la identidad comunitaria.

  2. Pingback: CROWDFUNDING. Apuntes críticos en torno a la financiación alternativa de la cultura. | Economía y Cultura

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