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Sumidos en una crisis estructural (no sólo por la propia y continuada recesión y depresión económica, sino, además, por el continuo salto y cambio drástico en valores, recursos, papel del estado, de “los mercados”, etc.) nos proponemos reflexionar sobre el papel que juegan en esta tragicomedia sobre recortes económicos las políticas culturales. Nuestra tesis pasa por desmitificar el papel de actor secundario en estos recortes que los estados y administraciones interpretan. Es decir, no podemos asumir irreflexivamente los recortes en el ámbito de la cultura como un imperativo dictado desde “el mercado”.

Para ello, daremos un paso atrás: Debemos tener en cuenta que las políticas culturales tienen un peso enorme en la economía, determinan incluso un peso mayor que el que tienen propiamente las industrias culturales. Esto es, las políticas culturales establecen también relaciones entre elementos que aparentemente no tienen que ver con la cultura ­ (o van más allá que la propia ‘cultura’) y, reiteramos, condicionan implícita y explícitamente su desarrollo económico (Internet o las industrias audiovisuales son dos ejemplos paradigmáticos de esta idea). Las políticas culturales están formadas por un marco de decisiones que afecta y condiciona (también económicamente) algo más que la propia cultura. Se hacen patentes, por tanto, las relaciones existentes entre cultura, políticas culturales, economía de la cultura y economía (en general).

Además, si damos otro paso más en nuestro discurso, situándonos en un ámbito aún más genérico, estamos en condiciones de afirmar que los poderes públicos deben garantizar la identidad cultural, la protección del patrimonio y diversidad cultural, la creatividad, las humanidades, etc. como muestra de nuestra identidad y como garantes del estado del bienestar.

El argumentario usado para justificar la desmembración del tejido cultural a base de reducción de fondos públicos podría simplificarse así: Es necesario el ajuste (reducción) de gasto, y para ello se recortan “servicios no esenciales como la cultura”. Esta consideración de la cultura como mero entretenimiento y ocio yerra en todo su sentido, más aún cuando se aduce que “para garantizar el estado de bienestar ha de recortarse en lo superfluo, como la cultura”. A nuestro juicio, esa afirmación (siendo suaves en la crítica) manifiesta el desconocimiento de la cultura como uno de los pilares esenciales del estado de bienestar tal y como lo conocemos.

Los poderes públicos están obligados a garantizar el acceso a la cultura y, por otro lado y en un sentido económico-industrial, a facilitar a las industrias culturales su creación, mantenimiento y acceso a los nichos de mercado que pueda ofrecer la cultura como apuesta política integral. Y esta apuesta requiere definir gastos, definir un modelo de ciudad, región o estado (desde los planes urbanísticos, hasta la potenciación del tejido asociativo), definir hasta dónde garantizarán este acceso a la cultura los poderes públicos…

En definitiva, y como hemos mantenido recurrentemente en este blog, la cultura es una potente industria y un sector de alto impacto económico, pero, además es un elemento vertebrador y de cohesión social que puede desarrollar nuevas formas de relaciones sociales, de participación en la comunidad… que influyan o propicien nuevas oportunidades de mercado incluso ajenas al propio mundo cultural.

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