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Se está gestando una nueva (y necesaria a todas luces) ley de patrocinio y mecenazgo que parece que aumentará las exenciones fiscales y desgravaciones a las inversiones en cultura. Al hilo de tal ley uno de los debates que más ruido mediático está ejerciendo es el de la, errónea a mi juicio, dicotomía entre subvención frente a mecenazgo. Una lucha maniquea que sitúa en mal lugar a la cultura: ese divertimento necesitado de financiación porque por sí misma no puede subsistir.   
La cultura necesita “financiación pública” del mismo modo que lo necesita el sistema financiero, la industria energética, la industria automovilística, el sector de la vivienda, la agricultura… todas ellas subvencionadas de un modo u otro por el Estado. Se trata, únicamente, de considerarla un sector estratégico (la cultura lo es o debiera serlo, y ya no tanto por su contribución al PIB y los puestos de trabajo generados y en riesgo en esta situación de crisis, sino por la propia esencia de la actividad) y cómo articular la forma en que la actividad cultural recibe apoyo el económico público.
Generalizando, el discurso es el siguiente:
Hasta ahora el estado ha invertido en la acción cultural, ya sea de forma directa, a través de subvenciones, etc. La crisis económica obliga a repensar las inversiones económicas de la administración, además de las críticas recibidas a este sistema por considerarse “partidista” y entender que se financiaba el soporte ideológico del partido que gobernase.
Frente a ello, se plantea un nuevo modus operandi en el que la empresa invierta en la acción cultural, recibiendo exenciones fiscales mucho mayores de las que ahora recibe. De este modo: 1. Se garantizaría la independencia del sector cultural respecto de los intereses políticos 2. El estado ahorraría dinero. Y 3. La competencia por la financiación haría al sector cultural más eficiente.
Es obvio que este argumentario falla en los tres postulados por razones que ya hemos explicado en este blog.
El mecenazgo (con ventajas y exenciones fiscales) es una forma más de inversión del estado en la cultura con la salvedad de que el propio estado dejaría de tener la “dirección de las políticas culturales” en su mano, corriéndose el riesgo de que se financien exclusivamente experiencias y acciones culturales que sean rentables o que sencillamente se adecuen a la estrategia de marketing de las empresas mecenas.
Con esto no quiero decir que no se deba modificar la ley de patrocinio y mecenazgo. Por supuesto. Y en la línea de aumentar, como señalábamos antes, las ventajas fiscales, para potenciarlo. Pero eso no es suficiente. El objetivo no debería ser solamente facilitar el acceso a la liquidez que el estado no puede aportar hoy día, sino, además, implicar al tejido empresarial en la sociedad. Y del mismo modo, implicar a los ciudadanos de a pie en el desarrollo de políticas culturales. Es, en definitiva un ejercicio de participación ciudadana, activa y creadora que limite el riesgo de “privatización del producto cultural” que podemos correr dejando en manos privadas la financiación de la cultura.
Se hacen, por tanto, necesarias dos acciones primordiales:
1.    Concienciar a la ciudadanía y al tejido empresarial de este ejercicio de responsabilidad social, del hecho de que la cultura es necesaria y debe contar con el apoyo (económico) de los elementos que constituyen la sociedad.
2.    Por otro lado, el estado debe garantizar el acceso a financiación a manifestaciones artísticas minoritarias, vanguardistas, diferentes, elementos patrimoniales “poco llamativos”… aquellos que puedan tener más difícil recibir recursos económicos desde la sociedad y la empresa.

A la espera del texto de la nueva ley, nos quedamos con esta reflexión.

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4 pensamientos en “Patrocinio y Mecenazgo. Subvencionar la cultura

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