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La cultura es un bien público y, como tal, el estado debe garantizar su existencia y sus recursos. La cultura reporta a la sociedad más de lo que cuesta, esto es, es rentable. Pero no dejamos de oír argumentos que ponen en cuestión esta afirmación.

Ahora que nos encontramos en tiempos de recortes y privatizaciones, tiempos de “adelgazar lo público” con la excusa de la eficiencia de las administraciones, queremos iniciar una reflexión sobre el papel del estado (y por extensión, el resto de administraciones) en la financiación de la cultura.

En primera instancia, la cultura puede financiarse a través de tres canales: el propio mercado (atendiéndose exclusivamente a la ley de oferta y demanda), organizaciones sin ánimo de lucro (filantropía y mecenazgo, por ejemplo) y el estado (ya sea mediante apoyos puntuales y subvenciones, ya sea a través de la provisión directa de productos culturales como museos, monumentos, compañías públicas…). En España, la administración, a la vez, es el mayor productor y receptor de productos culturales, es decir, el mayor proveedor y cliente. ¿Debe esto ser así? Rotundamente SÍ.

En una primera mirada, las artes y la cultura no parece que puedan financiarse por sí solas. La rentabilidad económica en el sentido más estricto y reduccionista, la diferencia entre gastos e ingresos en un período mínimo de tiempo, bastantes veces sería negativa para pequeñas compañías, producciones menores, etc. que no podrían subsistir sin las aportaciones (subvenciones, concursos…) de la administración. Este hecho se da también en la recuperación, mantenimiento y difusión de nuestro patrimonio histórico. Una entidad privada difícilmente podría hacerse cargo de la restauración y mantenimiento de un monumento y financiarse exclusivamente a través de las entradas, alquiler del espacio, etc. sin intervención del “dinero público”.

En esta situación de economía de mercado en la que vivimos, en bastantes ocasiones, el precio que los ciudadanos estarían dispuestos a pagar por un producto cultural no es lo suficientemente alto para cubrir costes de producción del mismo. Desde la perspectiva de la economía de mercado, nos encontraríamos ante un fallo de mercado y supondría o la desaparición del producto cultural o la intervención estatal. Así, el dilema ante el que parece que nos encontramos sitúa a los ciudadanos por una parte y a los dirigente políticos por otra. Los primeros considerarían que la cultura no “merece el precio de mercado dado y necesario para su subsistencia” y los segundos deberían considerar que es necesaria y un bien público. Desde estas líneas creemos errado este argumento: Es cierto que exclusivamente con el consumo ciudadano actual no se financian las actividades culturales, sólo alguna de las grandes producciones, pero también es cierto que estamos considerando al ‘mercado’ soberano, inteligente y sutil regulador de oferta y demanda (aquella mano invisible de Adam Smith). La realidad hoy nos muestra que el mercado sin regulación ofrece desmanes, terribles desmanes.

Hemos de tener en cuenta que la cultura produce efectos positivos, externalidades positivas en la sociedad, incluso en las personas que no consumen el producto cultural (el “efecto legado” para las generaciones futuras, el prestigio, la capacidad generadora de pensamiento creativo, el componente educativo, la generación de vanguardias, etc.). Más aún, la cultura es generadora de identidad. Somos lo que somos, nuestra sociedad es lo que es, en gran parte por nuestro legado y bagaje cultural.

En este caso, y, en tanto que la cultura es un bien público, el estado debe intervenir en su financiación. Se trata de implementar políticas culturales dirigidas hacia la demanda (C. Madden), hacia la oferta, transversales (Lluis Bonet)… que hagan eficiente este gasto público.

Incluir, además, intervención privada, por supuesto. Cuando proponemos que la empresa privada participe de la promoción de la cultura, las artes y el patrimonio no insinuamos, ni mucho menos, privatización de estos servicios. Se trata de establecer (eso que ahora está tan de moda) establecer estrategias de colaboración público-privada. Por otra parte, la empresa privada tiene una responsabilidad para con el acervo cultural de su entorno y, es más, este hecho le reportará beneficios en su cuenta de resultados. Hay estudios al respecto y a ello dedicaremos alguna entrada de este blog.

Resumiendo, la cultura es un bien público, y los poderes públicos tienen la responsabilidad de su promoción. Se nos presentan, por tanto, grandes problemas que atajar. Por ejemplo, la cultura en nuestro marco legal no está considerada un servicio esencial (la grave crisis de financiación en los ayuntamientos está dando y seguirá dando buena cuenta de la programación e infraestructuras culturales en nuestros pueblos).

Ya no se trata de justificar si el estado tiene que intervenir, sino cuánto y cómo en aras de la tan anunciada sostenibilidad. En siguientes post ahondaremos en la cuestión.

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Un pensamiento en “Financiación pública de la Cultura

  1. Pingback: El IVA de la cultura. Impuestos y sectores productivos « Economía y Cultura

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